El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado este lunes en el Senado que el incumplimiento del plazo legal que España se dio en 2003 para que el 4 de diciembre de 2017 todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles supone “un fracaso colectivo como país” y “una estafa a las personas con discapacidad”.
Así lo ha manifestado el delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado. Martín Blanco ha comparecido a petición del PSOE y de Unidos Podemos para exponer las principales conclusiones de la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2018’.
Durante 2017 el CERMI puso en marcha esta campaña con el fin de recoger cada mes denuncias de la ciudadanía sobre ausencia de accesibilidad universal en diferentes ámbitos. Con esta iniciativa, según ha destacado Jesús Martín, el CERMI “pone nombre y apellidos a esta discriminación que por ser tan cotidiana, se asume, se tolera y no se corrige, dejándonos una vez más en espacios periféricos”.
El representante del CERMI ha enumerado vulneraciones en materia de discapacidad puestas de relieve con la campaña ‘Horizonte accesibilidad 4 diciembre 2017’ como la falta de accesibilidad en notarías y registros de la propiedad, en contenidos de la programación de la televisión y de entornos y contenidos culturales y deportivos.
Además, ha incidido en las carencias de accesibilidad en aplicaciones móviles y webs relevantes como es el caso del sector bancario o de administraciones públicas, barreras en el transporte urbano e interurbano (taxis, autobuses, trenes o uso inadecuado de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y en teléfonos de emergencia como el 112.
Martín Blanco ha alertado de la especial gravedad de las carencias de accesibilidad en los teléfonos de emergencia, ya que puede poner en peligro en un determinado momento la vida de las personas sordas. Igualmente, ha puesto el foco en la generalizada ausencia de accesibilidad cognitiva en muchos ámbitos, lo que impide el acceso a la información de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Ante este escenario, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos ha avisado de que estos incumplimientos no solo vulneran la legislación nacional, sino también la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento para los países que la han ratificado, como es el caso de España.
Como ha explicado, se trata de un tratado que debe cumplir toda la sociedad, tanto los agentes privados como públicos. En este sentido, ha resaltado la importancia que junto a la administración central tienen las autonómicas, provinciales y municipales para que se implemente verdaderamente la Convención en el Estado español.
“Si bien nuestra realidad genera mucho consenso político a la hora de concebir Leyes que aseguren nuestra inclusión; este mismo consenso se reproduce en la inacción de todas las administraciones cuando tienen que hacer que esos derechos sean efectivos”, añade Jesús Martín.
EDUCACIÓN INCLUSIVA
Por otro lado, el representante del CERMI ha comparecido también a petición de Ciudadanos para exponer las principales conclusiones del informe del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU sobre la situación de la educación inclusiva en España, un derecho que debe garantizarse por mandato legal de la Convención Internacional de la Discapacidad.
Jesús Martín ha recordado que el Comité de Discapacidad de la ONU recibió información sobre vulneraciones del derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad, por lo que una representación de este organismo se desplazó a comienzos de este año a España para investigar la situación de primera mano.
Según ha relatado, el informe concluye que “nuestro país viola la Convención Internacional de la Discapacidad al no asegurar ni en su legislación ni en sus políticas ni en sus prácticas educativas el derecho a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, manteniendo estructuras y dispositivos discriminatorios y segregadores, incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España, y que es ley superior a las normas internas nacionales”. A su juicio, “esta ‘condena’ internacional debe llevar al Estado español a reaccionar con inmediatez y adecuar y acompasar su legislación y sus políticas educativas a los mandatos de este Tratado, sin más dilaciones ni excusas”.
“Tenemos a casi un 20% del alumnado con discapacidad en educación segregada, y muchos de los que están en centros ordinarios a veces pasan más tiempo en el aula segregada que en el aula ordinaria con el resto de sus compañeros, quienes perciben su presencia como una excepción”, ha afirmado Jesús Martín, quien señala también que la educación inclusiva implica además de la presencia del alumno en el centro escolar, garantías para su participación y progreso.
Para revertir esta situación, el delegado del CERMI ha apuntado a la necesidad de dotar de recursos suficientes a la enseñanza ordinaria; mejorar la formación del profesorado para atender a estudiantes con discapacidad; eliminar barreras arquitectónicas en colegios; prohibir que un centro ordinario pueda rechazar la escolarización de un menor por razón de discapacidad, y garantizar que se tenga en cuenta la opinión del alumno con discapacidad y de su familia.
“La escuela es el primer lugar de convivencia para una persona fuera del ámbito de la familia, y desde esta perspectiva, se hace imprescindible que todos los alumnos con discapacidad puedan recibir educación en los mismos espacios que el resto de los miembros de la familia humana, para compartir espacios y experiencias. ¿Cómo vamos a fomentar en las niñas y niños la tolerancia y el afecto si no hay convivencia? ¿Cuándo les vamos a inculcar esos valores de solidaridad y de justicia social si los mantenemos alejados del diferente, precisamente porque es diferente?”, ha concluido Jesús Martín.
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Fuente: CERMI Estatal.