Un informe de Feaps alerta de que atender a estas personas coloca a muchas familias ante una situación de exclusión social

Una familia con una persona con discapacidad intelectual soporta un sobreesfuerzo económico anual superior a 24.000 euros, que supera al salario medio en España (fijado en 22.727), por lo que atender a sus familiares coloca a muchas de ellas ante una situación de exclusión social.

Se trata de una de las conclusiones del informe “El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España 2014”, presentado este miércoles por la Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual (Feaps).

“Los recortes en la Ley de Autonomía Personal, el establecimiento de copago de servicios sociales básicos en muchas comunidades, así como la falta de apoyos colocan a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias ante un claro riesgo de exclusión social”, denuncia el estudio.

El informe cuantifica ese sobreesfuerzo en 24.237 euros, que asciende a 47.129 euros en el caso de las familias que viven en su domicilio con personas que tienen mayor nivel de dependencia y tienen mayor necesidad de apoyo.

Entre las razones de ese sobrecoste, se encuentran el aumento de costes en farmacia, transporte, ocio y cuidados, que pueden ascender a más de 2.609 euros.

Pero sobre todo lo atribuye al copago de los servicios sociales que han fijado algunas comunidades autónomas, como Murcia, Valencia, Cataluña o País Vasco, según ha denunciado el autor del informe, el consultor Ricard Valls.

El copago que se aplica en las comunidades en relación con la Ley de Dependencia supone el 24 por ciento del sobreesfuerzo que sufren las familias y es incluso superior, en algunas de esas comunidades, a los ingresos por prestaciones o salarios de las personas con discapacidad, destaca el informe.

El director de Feaps, Enrique Galván, ha alertado de que este sobreesfuerzo familiar tiene un efecto acumulativo año a año e incide en pérdida de capacidad adquisitiva y situaciones de empobrecimiento que en muchos casos pone en grave riesgo de exclusión a las familias.

“A largo plazo también afecta seriamente la posibilidad de que los familiares puedan percibir pensiones contributivas, al tener que renunciar a trabajar o a hacerlo sólo a tiempo parcial”, ha explicado.

El estudio recuerda que la aplicación de la Ley de Dependencia ha supuesto “una mejora muy relativa” a ese sobrecoste y confirma su aplicación “desordenada y desigual entre CCAA, poniendo en riesgo el principio de igualdad en el acceso a los servicios”.

El responsable del estudio ha asegurado que pueden existir diferencias de hasta 7.000 euros en el sobreesfuerzo que soportan las familias dependiendo de la región en la que vivan.

En España, se estima que hay 241.026 personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento y de ellas 170.961 tienen entre 16 y 65 años, sobre esta última franja de población se ha realizado el estudio.

La mayoría vive en familia, que dedica entre 61 horas (si tiene Grado I de discapacidad) y 251 horas al mes (si es Grado III severo y vive en domicilio) y cuantifica un salario medio del cuidador en el sector de servicios sociales de 14 euros la hora.

El informe incrementa a este coste los gastos de farmacia, transporte, ocio e higiene y cuidado, además de los copagos en el caso de que existan.

Pero además recuerda que existen costes de oportunidad de la propia persona con discapacidad que logra trabajar y que tiene un salario medio de 8.626 euros (frente a la media del mercado de trabajo que es de 15.069 euros).

Diario de Navarra, jueves 29 de enero.