La Plataforma que reúne a asociaciones de pensionistas y jubilados convoca una movilización el jueves 12 de febrero. Denuncia, junto al Cormin, que la ley no ha cumplido las expectativas y los copagos
La plataforma Mayores frente a la crisis, que aglutina a la mayoría de las asociaciones de pensionistas y jubilados de Navarra y a la que en esta ocasión se ha sumado el Cormin, hace un balance negativo de la Ley de Dependencia al cumplirse el octavo aniversario de su entrada en vigor y denuncia que “la dependencia ha vuelto a la familia y, además, nos genera deudas”.
En rueda de prensa, representantes de ocho asociaciones alertaron de que desde la puesta en marcha de la ley, esta se ha visto sometida a múltiples recortes, implanta el copago, lo que supone una amenaza para su carácter universal y, pese, a reconocer las prestaciones como un derecho, “la ciudadanía no lo ha asimilado como tal”. “El hecho de que carezca de financiación suficiente, fomenta la precarización de los ciudadanos y, además, no ha cumplido otro de los objetivos como era el de la creación de empleo”, en palabras de Juanjo Martínez, de la Federación de Pensionistas de UGT.
Las asociaciones de mayores de Navarra son de los pocos colectivos que han logrado unirse y liderar unidades de acción para hacer frente, denunciar y sensibilizar ante la repercusión negativa que los recortes y las decisiones de los gobiernos central y foral están teniendo en un sector social que, tal y como recordaron ayer, suma los 119.000 habitantes mayores de 65 años que hay en Navarra, más del 18%, de la población. En esta ocasión, la unidad de acción gira en torno a una jornada que, bajo el título “Contra los recortes en la dependencia”, han organizado para el este próximo jueves, 12 de febrero, en Pamplona. A las 11 de la mañana del jueves celebrarán una asamblea, abierta a todas las personas interesadas, en el cine Carlos III y posteriormente tendrá lugar una manifestación hasta la sede del Gobierno de Navarra.
En la rueda de prensa celebrada ayer para anunciar este evento participaron Manolo Burguete (Asociación Lacarra), Jesús Mª Aranguren (CCOO), Mª Victoria Erdozain (Sasoia), Juanjo Martínez (Federación de Pensionistas de UGT), Patxi Santos (Asociación Navarra de Pensionistas y Prejubilados- Anapp), José Mª Eguillor (Asociación Aroa), a quienes se sumó ayer el presidente del Cormin, Javier Miranda. “La atención a la dependencia -manifestaron- es un derecho de la ciudadanía y una responsabilidad pública de nuestras instituciones democráticas cuya financiación deberá ser garantizada a través de una justa y progresiva recaudación fiscal”.
Juanjo Martínez, como portavoz ayer, hizo balance negativo de una ley que cuando se aprobó generó unas expectativas que no se han cumplido sobre todo para las personas más necesitadas, dijo. “Las administraciones no han asimilado que se trata de derechos que, lejos de cumplir, los han sometido a la disponibilidad económica. Con los recortes, la realidad es que la dependencia ha vuelto a sus orígenes, ha vuelto a las familias y no ha generado empleo”, aseguró Martínez. Denunció que la aplicación de la ley se ha limitado a dar unas ayudas, eso si cuando hay fondos, y que los copagos aparejados a diversos servicios generan deudas a los supuestos beneficiarios. Insistió en que en Navarra hay 119.000 habitantes mayores de 65 años y que es la comunidad con la esperanza de vida más elevada, “pero no desde la perspectiva de salud, por lo que cada vez va haber más gente con dependencia”, advirtió.
Criticaron que la aplicación de la ley se haya limitado a “dar dinero” y no haya cumplido el objetivo de promover la autonomía personal, segundo pilar de esta ley. La Plataforma de Mayores frente a la crisis asegura que “es difícil encontrar en el sector de la atención a la discapacidad o la dependencia alguien satisfecho con la evolución de esta ley”. En Navarra, según sus datos, “el balance no puede ser más preocupante. Del total de las 50.000 personas que estima que están en situación de dependencia, solo 17.250 han solicitado ayuda. Del total de solicitudes presentadas “solo 8.348 reciben alguna prestación”. E insisten “volvemos al punto en que estábamos; las familias con sus medios y su capital humano, hacen frente a un problema que, pese a tener magnitud social , lo seguimos considerando privado”.
Por todo ello, quieren dar voz a “este drama social” que “nos hace retroceder a los tiempos de la resignación y la caridad” y “movilizarnos contra los recortes, rebelarnos contra lo que se nos quiere hacer ver como irreversible; exigir el desarrollo de todos los servicios que prevé la ley y unas condiciones dignas para los trabajadores”.
datos del gobierno
9.244 personas con derecho a prestación
Prestaciones. Desde la entrada en vigor de la ley en 2007, según los últimos datos del departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, correspondientes a enero de 2015, un total de 34.933 personas han solicitado la valoración de dependencia, de las que cuales hay 17.250 personas vivas y el resto han fallecido. De estas 17.250 personas, tienen valoración 16.876, de las 9.244 (55%) tienen derecho a prestación (grandes dependientes 3.287; dependientes severos, 4.922; y 1.035 moderados nivel 2). No tienen derecho a prestación un total de 7.632 de las personas valoradas (4.042 moderados y 3.590 no dependientes). Las 9.244 personas con derecho a prestación se distribuyen del siguiente modo: 8.384 (el 90,70%) son personas beneficiarias de prestaciones; 532 se encuentran en lista de espera (más de seis meses) y otras 328 se encontraban “en espera de prestación que cobrarán en las próximas semanas porque han vencido los seis meses.